Entrega del Manifiesto en el Congreso de los Diputados

En el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra cada 1 de octubre, los mayores pertenecientes a CCOO y UGT, queremos hacer oír nuestras voces en medio de las graves circunstancias por las que está atravesando nuestro país.

Durante estos últimos años, venimos denunciando que las medidas que se tomaban para salir de la crisis no eran las idóneas y afectaban de manera muy desequilibrada a la parte mayoritaria, pero más débil de la Sociedad y, dentro de ella, también, de forma intensa a las personas mayores. Sin embargo, las actuaciones en relación con las personas y entidades sobre las que recae la mayor responsabilidad en la generación de esta crisis (sector financiero, especuladores,) son insuficientes o inexistentes.

El sistema tributario español recauda hasta 81.000 millones menos al año con respecto a la media de los países de la eurozona. En España los ingresos tributarios proceden sólo en un 49% de los impuestos directos (sobre la riqueza y los ingresos) que pueden ser progresivos (pagar más quien más tiene). El restante 51% de los ingresos procede de los impuestos indirectos (sobre el consumo) que son regresivos y se pagan por igual con independencia del nivel de riqueza de las personas.

Insistir en la idea de denunciar una vez mas de la no decisión de acometer una reforma fiscal adecuada, que sea progresiva y justa y elimine aspectos regresivos e injustos de nuestro sistema tributario, como la menor tributación de las rentas de capital respecto de las del trabajo, lo que a través de distintas fórmulas (SICAVs, exenciones o deducciones fiscales) debería ser corregido urgentemente. Del mismo modo debe acentuarse la lucha contra los evasores fiscales que llevan su dinero a los paraísos fiscales y/ o directamente incumplen sus obligaciones tributarias.
Las administraciones públicas, tienen la obligación de asegurar que las pensiones sean suficientes para vivir dignamente. Por ello se ha de promover una mejora de las cuantías de las pensiones tanto contributivas, como de las no contributivas. 

El Gobierno sigue con los recortes y estos afectan también, de forma intensa a las personas mayores. Un colectivo que es muy vulnerable a estas políticas, pues las personas mayores estamos pasando, cada vez más, a convertirnos en sustentadoras principales (en ocasiones únicas) de las siguientes generaciones pues las pensiones suponen la principal fuente de ingresos de más del 30 % de los hogares, y de un 27,3 % en el caso de que el sustentador principal sea una persona mayor de 64 años (sea o no pensionista) a pesar de que más del 50% de las pensiones tienen una cuantía inferior al SMI.

De ahí la importancia que tiene para los pensionistas y jubilados que se refuerce el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es un instrumento nacido de los Acuerdos de Diálogo Social de 1996 y 2001 suscritos por los gobiernos de aquel momento y las organizaciones sindicales y empresariales, y su función prioritaria, además de ayudar a corregir los déficit que puedan darse con motivo de la crisis, es la de contribuir a la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el medio y largo plazo cuando la generación del baby-boom alcance la edad de jubilación.
 
Para garantizarlo, la Ley 28/2003 reguladora del Fondo de Reserva establece una fórmula de utilización de sus recursos sólo en el caso de déficit estructural del sistema de Seguridad Social y exclusivamente para financiar prestaciones contributivas, estableciendo el límite de utilización anual del Fondo en una cuantía máxima del 3% del gasto derivado de las pensiones contributivas y los gastos necesarios paras su gestión.
 
No obstante, el Gobierno ha venido suspendiendo temporalmente esta limitación en la utilización del Fondo de Reserva, autorizando así la posibilidad de disposición por importes superiores al mencionado 3%. Lo ha hecho en dos ocasiones: la primera suspendiendo la aplicación en los ejercicios de 2012 a 2014, ciertamente en una situación excepcional, y la segunda en la última Ley de Presupuestos extendiendo la suspensión a los ejercicios 2015 y 2016, lo que en la situación actual y junto con las medidas de renuncia de ingresos que se vienen detallando en este documento, simplemente, no se justifica, menos aún cuando se renuncia irresponsablemente a importantes ingresos fiscales derivado de la Reforma Fiscal aprobada por el Gobierno en 2014.

La ley de Dependencia al ser reconocida como un derecho subjetivo de la ciudadanía y con un soporte financiero para llevarlo a cabo, ofrecía a los ciudadanos de este país, un servicio una vez se le reconociera su grado de dependencia. Pero ya Rajoy, desde el principio, dijo que el sistema era insostenible y a través de la publicación de sucesivos decretos, está derogando o limitando de forma encubierta los efectos de esta importantísima ley, especialmente para las personas mayores. Pero ¿a quién beneficia esta situación? Claramente a las aseguradoras, que se harán con el negocio, porque siempre habrá dependientes con dinero para poder pagar esta atención, aunque haya una cantidad infinitamente superior que tendrá que recurrir  a lo de antes, es decir, a la beneficencia, las redes familiares,...
El objetivo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencias el de regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo, la Ley tiene como objeto establecer un marco de colaboración de todas las administraciones públicas (central, autonómica y local) y la garantía de la Administración General del Estado de un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos con independencia del territorio del Estado en el que resida.
 
La última etapa del proceso de implantación en el que nos encontramos actualmente ha estado marcada por las reformas unilaterales impuestas por el gobierno de la nación desde mediados de 2012 y que, han supuesto un evidente recorte de la cobertura que ofrece el Sistema así como de la intensidad de algunas de sus prestaciones.
 
La cobertura que ofrece actualmente el SAAD está dirigida a Grandes dependientes (catalogados como Grado III) y Dependientes severos (Grado II), mientras que la entrada en vigor de la cobertura pública para la mayoría de Dependientes moderados (Grado I) se ha retrasado, los pensionistas y jubilados de UGT y de CCOO seguiremos peleando para que el sistema de dependencia se mantenga y se acelere su culminación de la que ya miles de personas, sencillamente, no han llegado a tiempo a causa de las demoras y recortes.

En Sanidad resultan muy graves los recortes sufridos, pues el Gobierno en realidad se ha limitado a imponer una reducción lineal del gasto público, anteponiendo este objetivo económico a los efectos que sobre la salud puedan tener dichos recortes. Las principales líneas para ello han sido:
Modificación del sistema de copago farmacéutico, extendiéndolo a los pensionistas, de forma regresiva.
Aumento del número de medicamentos excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, en ocasiones por considerarlos "indicados en el tratamiento de síntomas menores", lo que implica que el enfermo debe costearlos íntegramente y que su precio deja de estar supervisado por el Ministerio por lo que suele incrementarse.
Reducción de la cobertura ofrecida por los servicios públicos de salud. 
Potenciación de las fórmulas de gestión privada.
 
Por todo ello hoy día 1 de Octubre, el colectivo de mayores de CCOO y UGT queremos reclamar al Gobierno de la nación y al conjunto de los poderes públicos y administraciones, lo siguiente:
1. Que rectifique la nueva fórmula de revalorización de las pensiones y se ajuste a lo establecido en la Ley 27/2011. Nosotros como pensionistas y jubilados de CCOO y UGT, queremos recordarle al Gobierno, que la revalorización anual de las pensiones públicas era garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de los jubilados y pensionistas, y su fórmula derogada desde el pasado 1 de enero de 2014, estaba regulada por ley desde 1996 con un acuerdo de Diálogo Social.

2. Constatamos que la brecha entre ricos y pobres aumento en nuestro país como consecuencia de la crisis, hay algunos que nunca lo pasan mal, mientras que un porcentaje importante de la sociedad no tienen para alimentar a su familia. En la actualidad, se cifra en más de cuatro millones de Pensionistas los que están por debajo del umbral de la pobreza, de ellos tres millones cobran menos de 420 euros al mes, cuando las pensiones públicas juegan un papel fundamental en la demanda interna de bienes y servicios de nuestro colectivo, contribuyendo al crecimiento y reactivación de la economía y asegurando un nivel de vida digno y de calidad. 

3. Exigimos una Renta Mínima estatal para mejorar una laguna muy concreta, y muy amplia, que hoy tiene el sistema de protección social pues no está diseñado para proteger a quienes nunca tuvieron un empleo y lo buscan (jóvenes sobre todo, pero también mujeres) y a los parados de larga duración (hoy ya de un perfil socio demográfico amplísimo) que ven agotadas las prestaciones de desempleo, y que se encuentran en una situación de necesidad porque ni ellos ni sus entornos familiares tienen ingresos suficientes.

4. Reivindicamos la derogación de las reformas y freno a los recortes que en materia sanitaria se están llevando a cabo: exclusión de colectivos del sistema, copago farmacéutico en la atención sanitaria (transporte sanitario no urgente, prestación orto protésicas, productos dietéticos...) y del actual modelo de copago farmacéutico por su impacto negativo, especialmente para los niveles de renta más bajos, y su inadecuación para las situaciones de especial necesidad vinculadas a cronicidad o pluripatologías. En este sentido, es necesario sustituir este modelo por otro que responda a las necesidades de los ciudadanos, elimine los copagos para los colectivos más desfavorecidos, evitando que se generen barreras en el acceso a los tratamientos necesarios, y los reduzca con carácter general aplicando límites y criterios de progresividad. 

Pues la esperanza de vida depende, también, de factores como la riqueza y la pobreza, el empleo y el desempleo, las condiciones de trabajo, el entorno social en el que se vive, las políticas medioambientales, los niveles educativos, los hábitos saludables de vida, las infraestructuras disponibles, las políticas de salud pública, la nutrición, el ejercicio físico frente al sedentarismo Y, actuar más en la prevención, en salud, vacunación, mejoras terapéuticas etc.

Para ello hay que aumentar los ingresos fiscales y garantizar los recursos suficientes para el buen funcionamiento de los servicios públicos, incluyendo el sanitario; un compromiso de garantía de suficiencia financiera en los presupuestos del SNS, tanto estatales como autonómicos, pues no se puede considerar la inversión en salud como gasto, cuando la salud actúa como motor económico y proporciona importantes retornos que oferta a la sociedad.
 
Acabar con las privatizaciones de los centros sanitarios, garantizando la utilización de los fondos públicos en asegurar la provisión y producción públicas de forma mayoritaria.
 
Criticamos las distintas formas de gestión que se han puesto en marcha, sobre todo tras la aprobación de la Ley 15/1997 y de la normativa que permite la privatización de centros sanitarios públicos mediante diferentes fórmulas de colaboración público-privada.
 
Nos oponemos al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea que conducirá a la protección de los intereses privados frente a los intereses sociales en materia sanitaria.
 
Debemos potenciar a la atención primaria, mejorando su capacidad diagnóstica y terapéutica e incrementando sus recursos de forma sustancial, hay que promover una política sanitaria basada en la Promoción de la Salud y fomento del auto cuidado.

Los pensionistas y jubilados reivindicamos la especialidad de Geriatría/Gerontología con programas de atención primaria junto a los programas de atención domiciliaria, todo ello muy necesario para nuestro colectivo.

5. En lo referente a la dependencia denunciamos que más del 40% de los servicios son prestados por cuidadores informales. Nos llama la atención del poco interés mostrado por los poderes públicos en la necesaria cualificación profesional de las personas que trabajan en el sector, que debían acreditarse antes de 2015, y aún existen comunidades autónomas, en las que todavía no se ha efectuado ninguna convocatoria de acreditación. Por lo que se corre el riesgo de volver al pasado y que tengan que ser las familias quienes se ocupen de atender a las personas dependientes, con precariedad añadida. 

6. Necesitamos un tipo súper reducido del IVA para todos los bienes y servicios vinculados a la alimentación y a la energía. Es decir, gas, calefacción y electricidad, lo que supondría una ayuda a las familias por un importe de 4.000 millones de euros y a los pensionistas y jubilados, en muchos casos, nos permitiría poder encender el brasero los meses de invierno. 

7.Que las políticas sociales cumplan su objetivo final, cual es el de ayudar a los colectivos más necesitados y cubrir sus necesidades básicas: social, alimentación, sanidad y vivienda entre otras.Seguimos constatando que, en demasiadas ocasiones, estas medidas se toman unilateralmente, sin contar con los Sindicatos, legítimos representantes de los trabajadores y de los pensionistas. Por lo que, desde nuestro punto de vista, entendemos, que por esta causa, tanto la reforma laboral como la reforma de las pensiones han sido un fracaso, que está afectando de lleno a estos colectivos.

8. Al Gobierno de España le exigimos medidas eficaces contra la pobreza energética, estableciendo un auténtico bono social para la electricidad y gas, que garantice el suministro básico de todos los hogares e impida los cortes de suministro, teniendo en cuenta los miembros de la unidad familiar y el nivel de renta. Con ello se conseguiría evitar unos 7.000 fallecimientos anuales de pensionistas, por patologías derivadas de no tener sus casas en unas condiciones dignas de habitabilidad (frío en invierno y calor en verano).
9. La situación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social es alarmante, de seguir con la tónica actual, gastando 12.000 millones anuales solo para afrontar las pagas extraordinarias llegaremos al 2018 y ahí se acabará el mismo. Si bien es cierto que el Fondo de Reserva debe garantizar cualquier insuficiencia de ingresos en la Seguridad Social, no lo es menos que una administración responsable haría lo necesario para evitar agotarlo, esto significaría actuar de manera decidida sobre los ingresos del Sistema de Pensiones, para garantizar que se destinan a pensiones los recursos suficientes, comparables a los que ya dedican los países de nuestro entorno, alrededor de un 13,5% del PIB, frente al poco más del 10% en nuestro caso.

Los pensionistas y jubilados de UGT y de CCOO, trabajaremos, con el conjunto de las Confederaciones sindicales de CCOO y UGT y la sociedad organizada por la reorientación de la política económica y social del Gobierno, pues estas políticas nos han abocado, también al colectivo de personas mayores, a un aumento de la desprotección social y a un empobrecimiento generalizado.
 
Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO
Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados de UGT