Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO | 20 abril 2024.

La prioridad debe ser equilibrar cuanto antes ingresos y gastos

Las pensiones vuelven a ser un arma arrojadiza

    El Pacto de Toledo se configuró como un espacio compartido por las fuerzas políticas y sociales para hacer un seguimiento permanente del sistema de seguridad social, y también para evitar la antigua costumbre de utilizar las pensiones en el debate cortoplacista que suele acompañar una parte de los procesos electorales. Este Pacto ha sido intencionadamente obviado por el gobierno del PP estos últimos años, degradando gravemente la situación del sistema de seguridad social y convirtiendo de nuevo a las pensiones en un rehén político del debate electoralista.

    08/09/2016.
    Carlos Bravo, secretario confederal de Protección social y Políticas públicas

    Carlos Bravo, secretario confederal de Protección social y Políticas públicas

    CCOO denuncia el discurso, casi chantajista, planteado por el gobierno en funciones argumentando que, si no hay investidura de un nuevo presidente, no es posible la revalorización de las pensiones para el año 2017 (utilizando ese mismo argumento para la subida salarial de los empleados públicos). Una afirmación que no es cierta.

    Incluso en una situación política tan excepcional como la actual, las instituciones cuentan con resortes legales suficientes para no verse bloqueadas. La revalorización de las pensiones puede producirse con un gobierno en funciones, por razones de urgencia o interés general (art. 21 de la Ley del Gobierno) mediante varias vías: la más rápida es mediante un Real Decreto-Ley convalidado posteriormente por el Parlamento. Una solución que requiere extraordinaria y urgente necesidad, es cierto, pero que ha sido profusamente utilizada, muy especialmente en los últimos años de gobierno del Partido Popular. Pero aun con el Parlamento disuelto por una tercera cita electoral, la Diputación Permanente podría realizar la convalidación (vía art. 57 del Reglamento de la Cámara, en relación con el 86 de la Constitución).

    Para Carlos Bravo, secretario de Protección social y Políticas públicas de CCOO, “que las pensiones públicas deben revalorizarse es una cuestión clara y no deberíamos perder demasiado tiempo en discutirlo. No es raro que puestos a centrar el debate en las pensiones se señale la revalorización, pero si además de mero electoralismo se quiere hacer política útil de verdad, deberíamos también mirar un poco más allá”.

    El responsable sindical considera que “junto con el necesario mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones públicas, el problema real más grave que aborda hoy la Seguridad Social es su situación de desequilibrio financiero anual en más de un 1% del PIB (en 2016 puede superar el 1,5% más de 16.000 millones de €). Pese a la pasividad que esta situación ha encontrado en una parte relevante del espectro político, no hemos sido pocos (aunque claramente aún no suficientes) quienes desde hace tiempo venimos señalando la urgencia de tomar decisiones”.

    “La reforma de pensiones pactada en 2011, en línea con las anteriores suscritas en el marco del Pacto de Toledo desde 1995, ya preveía la necesidad de buscar fuentes adicionales de financiación a partir del año 2027, para hacer frente al reto demográfico de la llegada del baby-boom a la edad de jubilación. Pero la duración de la crisis y las consecuencias de las políticas impuestas por el Gobierno (austeridad, reforma laboral, tarifas planas, etc.) han agravado la situación de desempleo y precariedad laboral, provocado el déficit que actualmente registra el sistema y abocado al consumo anticipado del Fondo de Reserva. Esta situación, afirma Carlos Bravo, nos obliga a tener que anticipar medidas que en la reforma de 2011 se previeron para más adelante”.

    La alternativa a adoptar estas medidas es conocida: acudir al Fondo de Reserva hasta agotarlo, suspendiendo los límites máximos de utilización previstos en la Ley, y actuar para reducir la cobertura futura de las pensiones. Lo primero está próximo a suceder. “La reducción del nivel de protección en pensiones se producirá, advierte el secretario de Protección social de CCOO, si no lo corregimos, como consecuencia de la última reforma impuesta, por primera vez sin acuerdo desde 1995, por el gobierno en 2013. Tanto por una reducción en la cuantía inicial de la pensión en función de la evolución de la esperanza de vida (factor de sostenibilidad), como por la utilización de una nueva fórmula de revalorización anual de pensiones que no garantiza por sí sola el mantenimiento del poder adquisitivo (nuevo Índice de Revalorización de Pensiones)”. La Comisión Europea reconoce que el efecto de la Reforma de pensiones de 2013 supondrá que la Tasa de reemplazo de las pensiones (equivalencia entre pensión/último salario) puede perder cerca de 30 puntos porcentuales entre 2013 y 2060 (pasando del 79% al 48,6%). Si demoramos la rectificación de esas medidas, la probabilidad de tender a esa situación es elevada.

    Por ello, CCOO considera que aún a pesar de los intentos fallidos de investidura, la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo debe constituirse inmediatamente y deben convocarse los espacios de Diálogo Social con sindicatos y organizaciones empresariales, para articular medidas rápidas en materia de cotizaciones, de un lado, de incremento de las fuentes de financiación adicionales vía impuestos, de otro. Posteriormente debe abordarse la revisión del Sistema y volver a colocar las pensiones en el marco de una política estratégica que se sostiene con la participación y el consenso político y social más amplio. La discusión de estas medidas debería ser uno de los ejes centrales del debate político.

    Documentación asociada

    Artículo de Carlos Bravo sobre el sistema de pensiones en España

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    Documentación asociada

    Artículo de Carlos Bravo sobre el sistema de pensiones en España