Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO | 19 abril 2024.

En un manifiesto entregado en la sede del INSS denuncian el aumento de la desprotección social y el empobrecimiento entre el colectivo de personas mayores

Los pensionistas de CCOO se movilizan por la sostenibilidad del sistema público de pensiones

    En la concentración celebrada hoy en Madrid ante la sede del INSS han participado también representantes de la Confederación de CCOO, de CCOO-Madrid, y de diversas federaciones de trabajadores activos

    16/12/2016.
    Concentración ante la sede del INSS

    Concentración ante la sede del INSS

    Manifiesto entregado en la sede del INSS de Madrid

    Desde la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, ante la situación de alarma creada en la Seguridad Social que se esta dando desde algunas instituciones, queremos hacer un llamamiento a los pensionistas y jubilados, y a la sociedad en general, pues el sistema público de pensiones es perfectamente sostenible, aunque para ello es necesario reforzar su estructura de ingresos.

    Sin duda la fuente de financiación que mejor puede garantizar un buen sistema de pensiones pasa por la creación de más empleo y que éste sea de calidad. Para ello debemos insistir en la necesidad de mejorar la productividad de los factores de producción, transitando hacia un modelo de crecimiento basado en la innovación, aunque sin dejar de impulsar, desde los presupuestos públicos, actividades intensivas en mano de obra (atención a personas mayores y dependientes, mantenimiento de infraestructuras, rehabilitación de viviendas y edificios, etc.), que generen oportunidades de empleo para todos los parados, al tiempo que se atienden necesidades de la sociedad.

    Al mismo tiempo que el Estado contribuye a reforzar la estructura de ingresos del sistema por la vía impositiva, complementando los ingresos por cotizaciones sociales. Se trata de una aportación solidaria del Estado para con la Seguridad Social, en los mismos términos en los que los trabajadores y trabajadoras contribuimos en el pasado a financiar con los excedentes de nuestras cotizaciones sociales buena parte de las políticas públicas que se llevaron a cabo durante décadas.

    Lejos de ello, el Gobierno ha renunciado a adoptar medidas que mejoren los ingresos del sistema sobreutilizando el Fondo de Reserva mediante la suspensión de los límites máximos de disposición que preveía la Ley, y dando lugar a su consumo de forma anticipada. Del mismo modo, la reforma de pensiones impuesta unilateralmente en 2013, también renuncia a adoptar medidas que aumenten los ingresos, y busca reducir en el medio y largo plazo el gasto en pensiones por la vía de la reducción del poder adquisitivo de las pensiones, mediante el factor de sostenibilidad y la nueva fórmula de revalorización de pensiones.

    Por ello exigimos al Gobierno que convoque urgentemente el Pacto de Toledo para que, sobre la base del diálogo y el acuerdos social y político amplios, se pongan en marcha las medidas necesarias para aumentar los ingresos del sistema y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, tal y como se ha venido haciendo desde 1995 con excelentes resultados.

    En este marco, el nuevo Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) debe ser sustituido por una fórmula distinta de revalorización pactada en el marco del Diálogo Social que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones durante todo el periodo de percepción. Y en tanto esto se produce, el gobierno debe garantizar un flujo de recursos sostenido y suficiente en el sistema de Seguridad Social que permita que la aplicación de la propia fórmula de IRP garantice el mantenimiento del poder adquisitivo.

    Las políticas sociales tienen que cumplir el objetivo de garantizar el acceso universal de todas las personas a tener cubiertas sus necesidades básicas. Seguimos constatando que, en demasiadas ocasiones, estas políticas se diseñan unilateralmente, sin contar con los Sindicatos, legítimos representantes de los trabajadores y de los pensionistas. Por lo que, desde nuestro punto de vista, entendemos, que por esta causa, tanto la reforma laboral de 2012 como la reforma de las pensiones de 2013 han sido un fracaso, que está afectando de lleno a estos colectivos.

    Para acabar con estas situaciones la lucha contra el fraude y la economía sumergida debe ser una prioridad de todos los gobiernos, no sólo por una cuestión de ingresos, sino para reforzar la equidad y la legitimación social del conjunto del sistema público.

    En este sentido sería conveniente aumentar los recursos destinados a la lucha contra el fraude (Inspección de Trabajo, Agencia Tributaria, etc.), mejorar su organización y sus posibilidades de intervención.

    El mero hecho de establecer medidas de inspección que permitiesen el afloramiento de tan sólo una tercera parte de la economía sumergida que se calcula en nuestro país, supondría aflorar actividad productiva por un importe de 6% del PIB que, en términos de recaudación a la Seguridad Social, supondrían un incremento de ingresos por cotizaciones sociales de varios miles de millones de euros anuales.

    Los pensionistas y jubilados de CCOO, trabajaremos por la reorientación de la política económica y social del Gobierno, pues estas políticas nos han abocado, también al colectivo de personas mayores, a un aumento de la desprotección social y a un aumento de las situaciones de empobrecimiento generalizado.

    Madrid 16 de diciembre del 2016.

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