CCOO valora la revalorización de las pensiones pero lamenta la actuación unilateral del Gobierno en materias relevantes

    A la espera de conocer el contenido finalmente aprobado en el Real Decreto Ley por el Consejo de Ministros de hoy, CCOO señala la necesidad de valorarlos de forma desigual dependiendo de cada materia.

    28/12/2018.

    De un lado, debemos señalar que la norma presenta contenidos que necesariamente debían y deben ser aprobados antes de finalizar el año, unos por razones de exigencia jurídica y otros por evidentes razones de oportunidad. Es el caso de la revalorización de pensiones, contributivas, mínimas y no contributivas; la modificación del subsidio extraordinario por desempleo, para garantizar su continuidad y que no desaparezca el próximo 5 de enero; la eliminación del 1 de enero de 2019 como fecha de corte para aplicar la cláusula de salvaguarda pactada en la reforma de pensiones de 2011; revalorización del IPREM;… Este conjunto de contenidos parece que se incorpora al Real Decreto Ley y valoramos su inclusión de forma positiva en la mayoría de los casos, si bien, con matices evidentes en algunos casos, que queremos confirmar cuando leamos el texto final. Hablamos, por ejemplo, de la insuficiente subida del IPREM de un 2% o la limitada actuación sobre la fecha de corte del 1 de enero de 2019, si se confirma que se limitan a retrasarla un año y no la suprimen directamente, como hemos pedido reiteradamente.

    Sin embargo, el Real Decreto Ley incluye otros muchos contenidos que estaban en proceso de negociación en las mesas de Diálogo Social, sin que se hubiera finalizado la misma (nueva regulación de Seguridad Social para artistas en espectáculos públicos); o son resultado parcial de los trabajos desarrollados en las mesas de Diálogo Social y que, a fecha de hoy, cuentan con acuerdos importantes en el ámbito bipartito (Gobierno, sindicatos) y, en algunos casos, tripartito (Gobierno, sindicatos y empresarios).

    De entre ellos, el Gobierno selecciona algunos y los trae a este Real Decreto Ley, pese a que no ha facilitado que se concreten de forma oficial en las distintas mesas y ámbitos de acuerdo. Con ello, el Gobierno hace una curiosa lectura del Diálogo Social, como suministrador de medidas, que no se trasladan a acuerdos concretos y son llevadas a la iniciativa legislativa parcialmente y en términos no necesariamente coincidentes con los acordados.

    Es esta una forma peligrosa e inadecuada de abordar el Diálogo Social que lo pone en riesgo y resulta de difícil aceptación por parte de sus protagonistas. La política de comunicación de un Gobierno, no puede devaluar el complemento de legitimidad que otorga el acuerdo alcanzado con organizaciones representativas de intereses de trabajadores y empresas que, por su dimensión, constituyen intereses generales.

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