Pensionistas de CCOO de Extremadura se encierran en la Tesorería General de la Seguridad Social para exigir #PensionesDignas

    Un grupo de personas pensionistas y jubiladas de CCOO se han encerrado en la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social de Mérida exigiendo al Gobierno unas #PensionesDignas. Este encierro se ha producido tras una concentración convocada por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO a las puertas de este edificio a la que han asistido unas cincuenta personas.

    14/10/2019.

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    María José Gallego y Encarna Chacón

    María José Gallego y Encarna Chacón

    Las principales reivindicaciones de CCOO pasan por volver al IPC como referente básico para calcular la cuantía de la revalorización de las pensiones y derogar la reforma del sistema público del Gobierno del PP en 2013 que introdujo el factor de sostenibilidad.

    En la protesta ha estado la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, quien ha detallado que para el sindicato, la seguridad de una pensiones dignas para todos y todas pasa por la derogación de la reforma del sistema del 2013, la derogación de la reforma laboral y una reforma fiscal en la que pague más el que más tiene"

    Chacón, que ha querido dejar claro que CCOO "seguirá saliendo a la calle para defender lo que es digno y necesario", ha defendido que las pensiones tienen que estar garantizadas tanto hoy como el futuro y por eso es importante "la derogación de la reforma laboral”, porque al “precarizar el empleo y abaratar los salarios” hunde los ingresos por cotizaciones.

    También ha recordado que las pensiones más bajas de todo el territorio nacional se dan en Extremadura, con una pensión media en torno a los 800 euros, y lo peor es que las mujeres cobran bastante menos, con una media de tan solo 600 euros.

    Por su parte, la secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO Extremadura, María José Gallego, ha pedido que se derogue la reforma de las pensiones de 2013, en la que se aprobó que la cuantía iba en función de un nuevo índice de revalorización y en la que la pensión mensual a cobrar se ajustaría a la variación de la esperanza de vida.

    En esta línea, Gallego ha dicho que quiere que se garanticen unas pensiones dignas, por lo que el sindicato "no va a parar ni en reivindicaciones ni en presiones".

    Durante el encierro se ha registrado una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la que se detallan las exigencias y propuestas del sindicato.

    Entre otras cuestiones, se reclama la vuelta al marco del Pacto de Toledo como expresión de un "consenso básico" en la defensa del mantenimiento del sistema público, o una "corrección del actual desequilibrio de las cuentas de la Seguridad social" para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

    Además, en el escrito dirigido a Pedro Sánchez, señala que que un 37,6 por ciento de la población extremeña tiene rentas inferiores al umbral de la pobreza, por lo que "es urgente seguir actuando para mejorar las pensiones mínimas, contributivas y no contributivas".

    De este modo, se ha afirmado que el 12,8 por ciento de las personas pensionistas en España (8,2 por ciento si se imputa un alquiler por la vivienda en propiedad) se sitúa por debajo del umbral de riesgo de pobreza, de este modo, las pensiones conforman el sustento económico de las personas mayores y el grueso de su suficiencia económica.

    Por otro lado, también ha pedido la garantía de un sistema sanitario público donde se disminuya el copago farmacéutico y se aumente el servicio de prestaciones.

    Texto íntegro de la Carta al presidente del Gobierno:

    Estimado Sr. Presidente:

    La Constitución Española en su Título Preliminar destaca, en el artículo primero, lo siguiente: 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político… El Estado de bienestar no solo es un principio constitucional en el que confluyen referentes económicos, jurídicos, sociales y políticos, sino también el punto de referencia en torno al cual se articula todo un modelo de sociedad en el que las leyes de la economía se someten al Estado de Derecho, para conseguir una democracia social material.

    En definitiva, el Estado de bienestar podemos definirlo como un contrato social, comprometido entre el conjunto de las diversas Instituciones públicas que conforman el Estado y la ciudadanía, este compromiso debe garantizar una serie de derechos sociales de cobertura universal, desarrollados a través de políticas y programas de carácter redistributivo y basados en la solidaridad intergeneracional.

    Este contrato social se sustenta y adquiere sentido cuando está construido sobre cuatro pilares fundamentales: Reducción de las desigualdades, Lucha contra la pobreza, Seguridad económica y Servicios públicos. Pilares actualmente debilitados por políticas antisociales.

    Hoy es más necesario que nunca reivindicar y exigir la defensa y profundización de este contrato social. En los últimos años se ha cuestionado nuestro Estado de bienestar, recortado derechos y servicios, gravado nuestro sistema de salud con tasas injustas, poniendo en riesgo nuestro sistema público de pensiones, precarizando el mercado laboral y atentando contra el futuro de nuestros hijos y nietos.

    Es necesario abordar la desigualdad existente en nuestra sociedad. España es uno de los países de la UE donde la brecha de renta entre el 10% más rico y más pobre es mayor. En 2017, último año con datos para todos los países de la UE, la renta obtenida por el 10% más rico era 12,8 veces mayor que la conseguida por el 10% más pobre. Más de 10 millones de ciudadanos y ciudadanas –el 22,3% de la población total– tienen rentas inferiores al umbral de la pobreza. En Extremadura el 37,6%. Es urgente seguir actuando para mejorar las pensiones mínimas, contributivas y no contributivas.

    Desde el primer trimestre de 2012 hasta el segundo de 2019, la productividad nominal por hora ha aumentado un 10,2%, mientras que los salarios por hora solo lo han hecho un 4,3%. Las empresas han destinado las mejoras de productividad a la economía financiera, a la compra de activos financieros.

    El 12,8% de las personas pensionistas (8,2% si se imputa un alquiler por la vivienda en propiedad) se sitúa por debajo del umbral de riesgo de pobreza (8.871 euros anuales para un hogar con una persona; 10.371 euros con alquiler imputado).

    Las pensiones son el sustento económico de nuestros mayores. Constituyen el grueso de su suficiencia económica y aportan el único apoyo a muchas de las familias de nuestro país. Son una fuente de renta fundamental para casi un 20% de la población española y un factor determinante y creciente de nuestra demanda interna, por tanto, de la evolución económica del país.

    Nuestro sistema sanitario público es también un elemento central de nuestro Estado social. Preservarlo como uno de los mejores sistemas sanitarios es una necesidad, adaptándolo además a la creciente demanda de servicios sanitarios derivada del proceso de envejecimiento de la población española.

    Sin embargo, los recortes presupuestarios adoptados durante los últimos años, la exclusión de más de 400 medicamentos de uso frecuente de su cobertura y el incremento del copago farmacéutico han disminuido su capacidad. Recuperarla y reforzarla es una prioridad.

    Todas estas agresiones nos obligan a estar alerta y a tener capacidad de acción para poder seguir luchando y recuperar los derechos perdidos en los últimos años en pensiones, sanidad, dependencia…

    Con sus actuaciones, el capitalismo ha creado pobreza, marginación y exclusión social y laboral, por lo que es necesaria y prioritaria nuestra aportación y nuestra lucha en defensa de la consolidación y mejora del Estado de bienestar.

    Tenemos derechos y uno de ellos, consagrado en la Constitución, es el contrato social del cual hoy nos quieren desposeer y al que nosotros no queremos renunciar. Queremos preservarlo y dejarlo como legado a las nuevas generaciones, por ello reivindicamos e instamos una vez más la necesidad de que por la vía de urgencia ese Gobierno en funciones decrete:

    La derogación de la reforma de las pensiones (Ley 23/2013, de 23 de diciembre), que pretende hundir a nuestros pensionistas en la pobreza. Un compromiso político que implique recuperar la centralidad del Pacto de Toledo como expresión de un consenso básico en la defensa del mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones. El consenso político y social, a través del diálogo social, como el vivido entre 1995 y 2011, es la mejor garantía para nuestro sistema de pensiones.Corregir el actual desequilibrio de las cuentas de la Seguridad Social sin merma de los derechos de los jubilados, jubiladas y pensionistas pasa, entre otras cuestiones, por una ampliación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social para incrementar los recursos del sistema y la generalización del principio de cotización por los ingresos reales para todas las personas afiliadas a la Seguridad Social.Garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, recuperando, como primera medida, la revalorización de nuestras pensiones en función del IPC.

    CCOO siempre hemos estado comprometidos con el sistema público de pensiones, y seguiremos estando en el futuro, desde el convencimiento de que nuestro Sistema de Pensiones debe atender adecuadamente a los pensionistas actuales y ser sostenible en el largo plazo para que también los trabajadores más jóvenes puedan beneficiarse de él.

    Esperamos su respuesta a nuestras reflexiones y nuestra petición, poniéndonos a su disposición para trabajar por mejorar el nivel de vida de un colectivo que, como el nuestro, se ha convertido además en el soporte de nuestros hijos y nietos.

     

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